Hace unas semanas, el blog Notitia Crimninis informó de un préstamo de 50 millones de € concedido por CCM durante el mandato de Hernández Moltó a una de las empresas de Sergio Martínez Herrero, uno de los detenidos en la Operación Edén contra el narcotráfico. En realidad el dinero recibido de los fondos de Caja Castilla la Mancha por este individuo fue de 113 millones.
Cuando esa noticia se hizo pública, el abogado del tal Sergio Martínez se apresuró a enviar una carta al diario El Mundo negando tales créditos:
Hace algunos días fue noticia la llamada “Operación Eden” y el aeropuerto de Ciudad Real. Un matón de barrio dedicado al antiguo oficio de dar “protección” a los garitos de la noche madrileña y a romper las piernas de los que rechazaban ofertas que no debían rechazar, había sido detenido y con su detención se desveló otro de los pintorescos asuntos que han envuelto al aeropuerto de los amigos de Barreda, un lugar en el que ya ni los grajos aterrizan.
Según las publicaciones de prensa conocidas hasta ahora, la trama de este sujeto, pretendía comprar el mencionado aeropuerto a través de la mercantil Transworld Cargo & Handling SA. Las gestiones, siempre según lo publicado hasta ahora, tuvieron un mediador singular encargado de allanar las dificultades que pudieran surgir en relación con la Junta presidida por Barreda: Juan José Avila González, apoderado de CCM CORPORACIÓN en los buenos viejos tiempos en que Hernández Moltó hacía y deshacía –más deshacía– cuanto le venía en gana al frente de CCM.
Juan José Ávila González, apoderado de CCM Corporación e intermediario "político" entre los narcos y la Junta
Sin embargo, lo que deja atónito de esta noticia es que un hampón barriobajero pretendiera idear, organizar, proveer y llevar a término una operación de este volumen en la que no sólo se iba a comprar el aeropuerto, sino que se iba a hacer para que en él aterrizara semanalmente un DC-8 procedente de Perú cargado con dos o tres toneladas de cocaína.
Como Laurentino Sánchez Serrano, así se llama el de la “protección” a los tugurios madrileños, no parece ser sujeto con el cuajo necesario para este negocio, mejor vamos a dirigir nuestra atención a los administradores de Transworld Cargo & Handling SA.
Según la información registral disponible, la sociedad comenzó sus operaciones el 14 de septiembre de 2010 y aunque su nombre indica que se dedica a actividades de transporte aéreo, el objeto que declara es el de adquisición, compra, enajenación…construcción, etc. de toda clase de fincas, edificios, locales e inmuebles en general. Tiene su domicilio en Madrid, en el Pº de la Castellana, 259, D, Planta 20N y como administradores mancomunados constan Sergio Martínez Herrero y Francisco Martín-Sierra Balibrea.
Lógicamente, el tal Francisco Martín Sierra tiene un pasado. Según el BOE de 6 de agosto de 1997, nº 187, este individuo, condenado a tres años de prisión por un delito de estafa, fue indultado por el Gobierno de Aznar cuando al frente del Ministerio de Justicia estaba Margarita Mariscal de Gante y Mirón. Tras el indulto diversas informaciones de medios de comunicación guineanos, vinculan a un Francisco Sierra del que se sospecha que es el mismo Francisco Martín-Sierra Balibrea, con el caso AIR GUINEA, con el narco peruano Fernando Zevallos y con uno de sus pilotos dedicado al transporte de cocaína, Felipe del Aguila Vela.
Sergio Martínez Herrero, «empresario» detenido durante la operación policial.
Por su parte, el otro administrador mancomunado de Transworld Cargo & Handling SA resulta más interesante aún que el indultado Francisco Martín-Sierra, porque Sergio Martínez Herrero es un hombre del que consta una antigua y estrecha vinculación a CCM.
El 3 de abril de 2009 se publicó una noticia –“Todo queda en ‘casa’: Un director de CCM coloca a su familia en los chiringuitos ladrilleros del ex CEO de King Sturge”– cuya transcendencia entonces no se podía apreciar en todo su alcance:
“ José Luis Rodríguez Romo, director general adjunto de la entidad, consejero de CR AEROPUERTOS y consejero delegado de su brazo inmobiliario, Plainsa, ha colocado pertinentemente a su hija y a su prima en Promogedesa e Inmofiban, los chiringuitos inmobiliarios de Sergio Martínez Herrero, a la sazón ex CEO de King Sturge Spain, consultora inmobiliaria londinense que se fue al traste en nuestro país”.
Entonces, Martínez Herrero se apresuró a enviar una nota a “El Confidencial” para precisar que “la hija de José Luis Rodríguez Romo trabaja en su empresa pero sólo como becaria”. Fuera becaria o no la hija de Rodríguez Romo, el incidente reveló otros datos de mucho mayor alcance.
CCM, la Caja presidida por Hernández Moltó y de la que Rodríguez Romo era director general adjunto había hecho un préstamo de 50.000.000 de Euros a la mercantil PROMOGEDESA –sociedad recién creada y con un capital de 300.000 euros– en la que la Caja participaba a través de su brazo ladrillesco: PLAINSA, la cual también tenía como consejero delegado al mismo Rodríguez Romo:
“Sergio Martínez –continaba diciendo El Confidencial– que ha salido tarifando con los ingleses, comparte accionariado y riesgos con Planes e Inversiones CLM, SA (Plainsa), en Promogedesa, chiringuito ladrillero inmerso en varios pleitos judiciales. En el año 2002, Sergio Martínez contactó con Caja Castilla-La Mancha, con la que se aprestó a crear una inmobiliaria de nuevo cuño que llevaba por nombre Promogedesa, donde participaban Plainsa (CCM) con Romo y Santiago García a la cabeza, y Sergio Martínez (Urbamaxi). Para ello, decidieron contar con el know how de Joaquín Sánchez Garrido, abogado cuyo mérito residía en conocer los planes parciales de La Mancha por haber sido alcalde de Toledo”.
Sergio Martínez Herrero, "empresario" detenido durante la operación policial.
Por tanto, si Moltó y Rodríguez Romo ya fueron tan generosos –CCM, se entiende– de prestar 50 millones, contra una garantía de 300 mil euros, a la empresa de Sergio Martínez en 2002, resulta natural ver como, llegado el momento, la trama de narcotraficantes recurriera a sus antiguos contactos en la Caja manchega para desbrozar de inconvenientes la compra del aeropuerto de Ciudad Real, en cuyo consejo de administración, por cierto, tampoco faltaba un sitio para Rodríguez Romo.
En el presente estado de las investigaciones no es posible afirmar que en 2001 el tal Martínez Herrero ya estuviera en contacto con el gang de Laurentino Sánchez Serrano o con los cárteles peruanos vinculados a éste, y menos que José Luis Rodríguez Romo o Juan José Avila González, estuvieran al corriente de la intención de ese sujeto de convertir el aeródromo “culipardo” en una base logística para la importación de toneladas de cocaína. Sin embargo, las misiones acometidas por Romo en representación de CCM, en demasiadas ocasiones resultan turbias o vinculadas a gente turbia.
Rodríguez Romo ocupó los cargos de presidente de PROMOGEDESA y PROMOGEDESA VILLAVICIOSA; también fue –si es que aún no lo es– presidente de las CABEZADAS DE ARANJUEZ de la que ya nos hemos ocupado en Notitia Criminis y una de las entidades que intervienen en los hechos por los que ahora el ex alcalde de Aranjuez Jesús Dionisio Ballesteros está imputado por corrupción; fue consejero de CR AEROPUERTOS, la sociedad del aeropuerto de Ciudad Real; y ha desempeñado o desempeña aún, el cargo de vicepresidente en las mercantiles CLAUDIA ZAHARA 22, SL., y CORITIJO DEL MORO, SA.
Estas dos últimas tienen especial relevancia puesto que si estuvieron hasta recientes fechas participadas por SACYR VALLEHERMOSO, otro de sus socios es Juan María López Alvarez, miembro del consejo de administración de ARANJUEZ ECOCIUDAD INTELIGENTE junto a Petra Mateos Aparicio Morales, asociado al “malayo” Juan Antonio Roca Nicolas en EL ÁNGEL DE TEPA y al lugarteniente de Gil en Marbella, Pedro Román Zurdo en MOLA 15, también participada hasta hace pocos meses por SACYR.
Hay que recordar, otra vez, que este mismo Juan María López Alvarez también es, junto a Pedro Román, socio de la mercantil PUERTA ORO TOLEDO, la propietaria de la finca Alcalvín de Bargas y a la que CCM prestó, de forma incomprensible en términos legales, 30 millones de Euros, crédito que renovó, por segunda vez, días antes de la intervención sin que de él se hubiera pagado un sólo céntimo.
